Ante la inminente ausencia de la Ley sancionada y con la única
noticia que su Proyecto de Ley[2]
fue declarado exequible mediante Sentencia C-951 de 2014, el Consejo de Estado
y por petición del Ministerio de Justicia y del Derecho, aclaró[3]
la normativa que garantiza el Derecho fundamental de Petición, así:
1. Los artículos 23 y 74 de la Constitución
Política;
2. Los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición;
3. Los artículos 3 y 5 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas
vigentes del mismo que se refieren a notificaciones, comunicaciones, recursos,
silencio administrativo etc.;
4. Las normas especiales, por
ejemplo las contenidas en el Estatuto Tributario, el
Estatuto Aduanero, las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 (sobre el “habeas
data”), la Ley 142 de 1994 (sobre servicios públicos domiciliarios), la Ley
Estatutaria 1712 de 2014 (sobre transparencia y del derecho de acceso a la
información pública nacional), entre otras que regulan aspectos específicos del
derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos fines y materias
particulares;
5. La jurisprudencia vigente de la
Corte Constitucional: Sentencias T-814 de 2005, T-147 de
2006, T-610 de 2008, T-760 de 2009 y C-818 de 2011; del Consejo de Estado: Sentencias de 10 de julio de 1997, expediente
AC-4888; 25 de enero de 2002, expediente AC-1988; 11 de marzo de 2004,
expediente 76001-23-31-000-2012-00040-01(AC) de 2012; y
6. Las normas contenidas en los capítulos II, III,
IV, V, VI y parcialmente el VIII del Código Contencioso Administrativo.
Como dato adicional vale la pena tener
en cuenta para que proceda la “reviviscencia” de normas derogadas, se exige que:
a) Las disposiciones derogadas que se restablecen no sean, a primera
vista y en forma ostensible, contrarias a la Constitución;
b) La reincorporación de tales preceptos al ordenamiento jurídico se
requiera para mantener la integridad y la armonía del sistema jurídico,
especialmente en cuanto al efectivo desarrollo y aplicación de los principios y
las normas constitucionales, y
c) La reviviscencia de esas normas no genere mayor inseguridad
jurídica, sino que, por el contrario, permita suplir el vacío y, por lo tanto,
la incertidumbre generada por la declaratoria de inexequibilidad de las
disposiciones derogatorias.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en Colombia se
ha garantizado legislativa y jurisprudencialmente el Derecho de Petición. No
sobra manifestarles que cuando expidan la Ley Estatutaria, ésta sustituirá el
Capítulo 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, y por fin el Código Contencioso
Administrativo, descansará en paz.
Mientras tanto, les dejo una minuta. Espero sea de gran utilidad.
Saludos.
